Desde hace unos años empezaron a estallar bombas -principalmente de ruido- en diversos lugares de Santiago. En enero de 2006 una bomba en la puerta de la recién creada Agencia Nacional de Inteligencia colocó el tema en las noticias, se lo adjudicaron unas "Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz" y durante algunos años siguieron apareciendo bombas de tiempo en tiempo sin que la policía ni el sistema de inteligencia nacional tuviese la más remota idea de quien se trataba.Con la muerte de Mauricio Morales, un anarquista que transportaba una bomba en bicicleta, el foco empezó a centrarse hacia ciertos grupos relacionados con él, de anarquistas y "okupas" -tipos que se toman casas deshabitadas- pero las investigaciones eran flojas y no aparecían las pruebas.
Entonces cambiaron al fiscal, colocando a Alejandro Peña, que había tenido gran éxito en mandar presos a bandas de narcotraficantes -algunas habían puesto precio por su cabeza- y la investigación se empezó a activar, nuevamente, empezaron las redadas, muchos imputados y un expediente de miles de páginas con pruebas.
Lo malo es que la calidad de las pruebas fue puesta en duda desde el principio, algunas argumentaciones del Ministerio Público eran casi infantiles y desde las primeras instancias en el tribunal de garantía se empezó a hablar que la investigación "era un montaje" o al menos no tenía pruebas en que sustentarse.
En medio de la controversia el fiscal Peña renunció y fue contratado, casi al día siguiente, como Jefe de Esudios en una unidad antidelitos en el Ministerio del Interior, un cargo de muy alto nivel que supuestamente reunía investigaciones de la policía con la producción del sistema nacional de inteligencia para hacer síntesis y diseñar políticas contra el crimen organizado y terrorismo.
Bottom line: después de 9 meses, el juicio contra los anarquistas se desinfló por falta de pruebas y los 6 imputados que quedaban fueron absueltos de los cargos, los mismos que hoy salieron amenazando con pedir indenmizaciones contra el Ministro del Interior y el Ex Fiscal Peña. Todo volvió a fojas cero y con 6 imputados que ya no podrán ser juzgados nuevamente por esos delitos.
Esos son los hechos. Pero como estamos a las puertas de elecciones municipales, todos tratan de sacar ventaja del asunto, la izquierda reclama la renuncia del ministro del interiór mientras que la derecha reclama contra el fiscal nacional y los jueces.
La verdad es que resulta un tremendo fiasco que un caso con muchos acusados y miles de supuestas "pruebas" se derrumbe después de 9 meses. Y la explicación es evidente: la aterrorizante incompetencia del ministerio público (los fiscales), las policías (Carabineros e Investigaciones) y el -pomposamente llamado- sistema nacional de inteligencia (ANI, Dipolcar, Jipol). Si todos estos organismos, con cientos de funcionarios bien pagados fueron incapaces de armar un caso, esta es la demostración más clara que algo anda muy mal en nuestro proceso penal.
Los millones que se gastaron en investigar y los millones que tal vez se gasten en indenmizaciones ¿quien los va a pagar? Nosotros los giles, sin duda.
Los formalizados pueden haber sido inocentes o culpables, ya nunca se va a saber, pero hay un culpable evidente: el ministerio público que en cualquiera de los dos casos mostró la mediocridad extrema de los fiscales. No puede ser que un caso con "miles" de pruebas se desinfle en nueve meses. O las pruebas eran irrelevantes o simplemente eran falsas.
Mientras tanto los que pusieron las bombas siguen libres y envalentonados en la calle, ostentando su infantilismo revolucionario con consignas como "desalmados", "destructivos", "antipatriotas", son como niños. Seguro que son niños que solucionan los problemas con sus papis colocando bombas. Ningún adulto tendría tanta estupidez en la cabeza.
Fiscales incapaces, menos que mediocres, policías flojos que solo consiguen algo en base a soplones, analistas de inteligencia que lo que menos tienen es justamente eso: inteligencia. Así funciona la justicia ahora, sumado a muchos jueces tontos e indignos, hasta la doctora Polo tiene más dignidad que algunos jueces de nuestro sistema, quien los va a respetar.
Esto puede ser un aviso para lo que nos espera con el caso de corrupción de la Municipalidad de Arica. Es una nueva forma de impunidad que no viene solo de jueces garantistas y politizados, sino de fiscales o policías flojos e incapaces.
Al final creo que este fiasco -y los que sin duda vendrán más adelante- será beneficioso. Los adolescentes desadaptados, hijitos de su papá, que ponen bombas de ruido no creo que sean un gran peligro para la sociedad ni mucho menos. Pero tuvieron el mérito de dejar en evidencia a uno de los organismos más chantas de nuestro país: el ministerio público, creado en los años de la concertación.
A-casi- nadie le hace maldita gracia que anden unos mocosos colocando bombas de ruido que supuestamente son para causar daño a la sociedad burguesa que tanto odian. Curiosamente a quienes han causado más daño es a si mismos, en los patéticos episodios que le costaron la vida al bombardero en bicicleta o los que le cortaron las manos a Pitronello. Dan más lástima que miedo, especialmente a los que entendemos más o menos en que consiste el anarquismo.
Muchos años atrás, cuando se empezó a implementar la reforma procesal penal, los jueces que no comulgaban con ruedas de carreta -y fueron rápidamente removidos o congelados en su carrera- anunciaron cada una de las cosas que iban a suceder: aumento explosivo de los delitos gracias a la impunidad; corrupción en el ministerio público, por su trabajo junto a las ya corruptas policías sin estar sujetos a la fiscalización de nadie. Todo se cumplió, palabra por palabra. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
